La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ya está negociando con fabricantes de coches implicados en el cártel de coches para conseguir una indemnización justa y más rápida para los afectados. En los casos de las marcas que no han mostrado actitud de colaborar, se están preparando demandas conjuntas para conseguir la compensación correspondiente, ya por la vía judicial.
La Asociación está trabajando con un despacho de abogados para defender los derechos de los consumidores frente a cerca de veinte marcas de vehículos y, si es necesario, llevar los casos ante los tribunales. Como es sabido, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia sancionó a estas marcas, que representaban al 90% del mercado, por formar parte de un cártel de coches que mantenía acuerdos irregulares de venta, postventa y marketing.
Sanciones ratificadas en firme
Estas sanciones fueron posteriormente ratificadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Estos acuerdos, vigentes entre febrero de 2006 y agosto de 2013 y ya demostrados en firme, supusieron un sobrecoste que tuvieron que afrontar todos los que compraron el coche durante esos siete años.
Reclamar lo que el consumidor pagó de más
Este es el sobrecoste que Irache reclama ahora que se devuelva a los consumidores afectados. Los importes pueden ser de 1.000 hasta 3.000 euros, si bien varía en función del precio que se pagó por el vehículo.
Acumular demandas para agilizar el proceso
Con el objetivo de agilizar la solución para los afectados, Irache ha agrupado demandas, fundamentalmente las de aquellos compradores de la misma marca de coche y con circunstancias que se puedan equiparar, y se ha puesto en contacto con los fabricantes para conseguir una solución satisfactoria y más rápida por vía amistosa. Algunas de estas marcas han respondido de forma positiva y actualmente se está negociando.
En los casos de las marcas que no han mostrado actitud colaboradora, el despacho que trabaja con Irache ya está ultimando demandas acumuladas para presentarlas ante los tribunales y reclamar de esta manera que los consumidores recuperen el dinero que se les cobró de más. Si se acepta la demanda acumulada, el proceso se agilizaría y se evitaría el colapso en los juzgados.
Las audiencias provinciales van unificando criterio
La mayor parte de las audiencias provinciales que se han pronunciado sobre el cártel de coches están siendo favorables a la devolución y fijando en torno a un 5% del precio más los intereses legales el importe a devolver. Así lo hizo la Audiencia Provincial de Navarra, que ya el año pasado dio la razón a los consumidores. El tribunal entendió que la acción no ha prescrito y que el daño al comprador está probado, tal y como defendía esta asociación.
Ya hay numerosas sentencias en primera instancia que están siguiendo este criterio, están dando la razón al consumidor y obligando a las marcas al pago de una indemnización. Por ello, ya se dan las condiciones adecuadas para interponer demandas con mayor probabilidad de éxito.
Hasta 2026
Se estima que en Navarra puede haber más de 80.000 afectados por el cártel de coches, que en la mayor parte de los casos tienen hasta 2026 para reclamar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado recientemente este plazo y de este modo ha echado por tierra el argumento de algunos jueces que consideraban que el plazo había prescrito.
Para reclamar como afectado por el cártel de coches, se necesita, por un lado, la documentación técnica del vehículo, como la tarjeta técnica o el permiso de circulación; por otro, documentación que acredite la compra del vehículo por parte del afectado y el precio que se pagó por él (contrato de compra, cargo bancario, certificado de Hacienda del impuesto de matriculación…). En cualquier caso, lo mejor es contactar con Irache para que le asesoren sobre si el vehículo está afectado y los pasos a dar.
Más de 3.700 casos
En Irache ya se han recibido hasta el momento más de 3.700 casos sobre el tema. En la mayor parte de los casos ya se han tramitado las reclamaciones oportunas y se ha comenzado a trabajar en la vía judicial para preparar demandas conjuntas en defensa de los derechos de los asociados.
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